Cómo el cierre del gobierno afecta a los aeropuertos, no a las autoridades de inmigración

El actual cierre del gobierno ha provocado caos en los aeropuertos de todo Estados Unidos, con miles de viajeros enfrentando colas de seguridad de horas debido a la escasez de personal. Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y de la Guardia Costera se han visto obligados a acudir a los bancos de alimentos en busca de ayuda después de pasar semanas sin recibir pago. Sin embargo, en medio de esta perturbación, las agencias federales de control de inmigración han continuado sin cesar su represión contra los inmigrantes indocumentados, destacando el impacto desigual del cierre parcial del gobierno.

El impasse en Washington, D.C. se centra en la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las demandas de la administración Trump de financiación para el muro fronterizo. Si bien las operaciones de la TSA y la Guardia Costera se han visto significativamente afectadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se han mantenido prácticamente intactos, continuando sus agresivas políticas antiinmigrantes sin interrupción.

Esta dicotomía refleja las prioridades de la administración Trump, que ha priorizado la aplicación de la ley de inmigración sobre otras funciones del DHS. Mientras los viajeros enfrentan largos retrasos y los trabajadores federales luchan para llegar a fin de mes, la represión de la administración contra los inmigrantes indocumentados continúa sin cesar.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 22 de diciembre de 2018 después de que el Congreso y la Casa Blanca no lograron llegar a un acuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. El punto conflictivo ha sido la exigencia del presidente Trump de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur, una promesa de campaña de la que se ha negado rotundamente a retractarse.

Este estancamiento ha tenido un efecto dominó en varias agencias federales, con la TSA y la Guardia Costera particularmente afectadas. Miles de agentes de la TSA, responsables de controlar a los pasajeros en los aeropuertos, han estado reportándose enfermos en protesta por trabajar sin paga. Esto ha provocado filas de seguridad de horas en los principales aeropuertos, incluidos el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Internacional de Miami y el Intercontinental George Bush de Houston.

Mientras tanto, la Guardia Costera, que depende del DHS, también se ha visto afectada, y sus miembros recurren a los bancos de alimentos para llegar a fin de mes. El personal de la Guardia Costera es el único miembro de las fuerzas armadas de EE. UU. que no recibe pago durante el cierre.

En contraste, ICE y CBP, las dos principales agencias de control de inmigración bajo el DHS, han continuado sus operaciones ininterrumpidamente. Las deportaciones, arrestos y otras actividades antiinmigrantes han avanzado a un ritmo constante, incluso cuando otras funciones del DHS están paralizadas.

Este desequilibrio refleja el enfoque láser de la administración Trump en la aplicación de la ley de inmigración, incluso a expensas de otras funciones críticas del DHS. Si bien el presidente sigue firme en sus demandas de financiación para el muro fronterizo, la interrupción de las operaciones aeroportuarias y las dificultades que enfrentan los trabajadores federales han recibido menos atención.

A medida que el cierre se prolongue, es probable que se intensifique el impacto en los viajes aéreos y en los trabajadores federales. Sin embargo, a menos que se produzca un cambio significativo en la dinámica política en Washington, la represión migratoria de la administración parece dispuesta a continuar sin cesar, lo que subraya el costo desigual del actual estancamiento presupuestario.