El conflicto encubierto de Trump: los expertos lamentan la guerra ilegal contra Irán
Las acciones militares de la administración Trump contra Irán violan la ley estadounidense y las normas internacionales, según juristas y legisladores. Cientos de personas han muerto en el creciente conflicto.
La administración Trump ha estado librando una guerra ilegal contra Irán, según numerosos expertos legales y legisladores bipartidistas. Este conflicto, que la administración ha lanzado sin la aprobación del Congreso ni una premisa legal, desafía tanto la Constitución de los Estados Unidos como las leyes internacionales que rigen los conflictos armados.
El Senado votará el miércoles sobre si se debe detener la actual ofensiva militar de Donald Trump contra Irán, que inició el 28 de febrero. Cientos de personas, incluidos seis personal de EE. UU., han muerto en un conflicto que ahora se ha extendido al Líbano, Siria, Irak, Israel y el Golfo Pérsico.
Los juristas argumentan que las acciones de la administración Trump carecen de cualquier base legal legítima. "La administración está ofreciendo explicaciones cambiantes mientras actúa sin la aprobación del Congreso o una premisa legal clara", dijo un experto. "Esta es una guerra ilegal que viola tanto las leyes estadounidenses como las internacionales".
Los legisladores bipartidistas también han condenado la conducta de la administración. "El presidente no tiene autoridad para llevar al país a la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso", afirmó un senador del partido de oposición. "Esto es una clara violación de la Constitución."
El conflicto ya ha tenido consecuencias devastadoras, con cientos de víctimas y una crisis regional en rápida escalada. Los expertos advierten que la guerra ilegal podría salirse de control, con consecuencias potencialmente catastróficas para Estados Unidos y sus aliados.
Mientras el Senado se prepara para votar sobre el asunto, la administración Trump enfrenta una presión creciente para justificar sus acciones y poner fin al conflicto ilegal. El resultado de esta votación y la respuesta de la administración tendrán implicaciones de largo alcance para el futuro de la política exterior de Estados Unidos y el Estado de derecho.
Fuente: The Guardian
